Si se enfoca el problema de la minería artesanal y de los riesgos que ella conlleva con una mirada más vasta, quizá podamos llegar a comprender que el análisis costo-beneficio tiene una utilidad, pero que también lo tienen los viejos conceptos de bien común, dignidad humana, riesgo razonable, identidad comunitaria, y sobre todo, de autonomía.
Reformar la escuela, reformar la industria, el hospital, el ejército, la prisión: pero todos saben que estas instituciones están terminadas, a más o menos corto plazo. Como dice Deleuze: “Sólo se trata de administrar su agonía y de ocupar a la gente hasta la instalación de las nuevas fuerzas que están golpeando la puerta. Son las sociedades de control las que están reemplazando a las sociedades disciplinarias”.
La nueva institucionalidad que propone crear el ejecutivo es una demostración empírica de una falta de conciencia colectiva, donde un hecho trágico desencadena una dramática búsqueda de responsables, y de pasada le resta credibilidad y competencias post-mortem a la institución a cargo, que para el caso en cuestión es el Sernageomin.
Algo que llama la atención es que los supuestos roles históricos están invertidos: el gobierno intentando aumentar la regulación para proteger a los trabajadores, pese a los mayores costos que ello implica, y la oposición rechazando esta nueva regulación, sacrificando nuevas exigencias en seguridad laboral en beneficio de las pequeñas empresas mineras.
No es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
Es muy importante que se termine con esta situación de revisión y cambios cada cierto tiempo, en que se omite la definición de un necesario régimen que entregue reglas claras, transparentes y estables en el tiempo, lo que, sin duda, beneficiaría a todos, incluidos los peces.
La forma en que el ministro Longueira y su ley proponen administrar el mar nuestro de cada día, carece de lo más esencial en cualquier país desarrollado: la definición de patrimonio. Es esta la clave que vemos diseminada en todo proyecto vinculado a la extracción de recursos naturales. Un grupo económico presiona a su emisario en el ejecutivo, sus lacayos en el poder político se alinean y ya está, miles de años de organización ecosistémica y siglos de arraigo cultural asociado a las costas comienzan a diluirse entre medio de millonarias ganancias de unos pocos.
La Ley Longueira ha sido formulada para perpetuar los privilegios y monopolio de los 7 grupos que explotan el mar de Chile. Entre ellos, Angelini, Sarquis, Lecaros, Izquierdo, Fernández-Cifuentes, Stengel y el grupo Yaconi Santa Cruz. La perpetuidad en la captura se fortalece con la nueva ley, entregando privilegios gratuitos de captura para los industriales sin resguardar la sustentabilidad de los recursos naturales. La perforación de las 5 millas solo representa inequidad.
Si el Estado solamente arbitra para la licitación de cuotas pesqueras y no impide la existencia de un mercado que transe aquéllas asignadas de manera libre y transparente, el riesgo podría verse atemperado. No hay motivo para temer a la desrregulación y proveer un estatuto mínimo que garantize acceso a todos a los que quieran competir. El sistema de precios libres, por si sólo, tenderá a reflejar el costo de la probabililidad de la sobreexplotación de un recurso.
Ha llegado la hora de comprometernos tanto fuerzas políticas y ciudadanía en impulsar una profunda y valiente reforma al sistema financiero y al retail que termine entre otros problemas con el abuso del sistema con sus deudores, las sobre ganancias, un poder monopólico, la impunidad de los delitos y el fraude al Estado.